Trabajo en negro: ¿Qué derechos tenés aunque no estés registrado?
En Argentina cuando un trabajador percibe una remuneración, pero no está registrado se dice que está empleado en “negro”. En este país esta es una problemática que afecta a más de 36% de la población trabajadora y es un fenómeno que implica falta de aportes para jubilación, ausencia de derechos laborales y vulnerabilidad económica.
El empleo informal es una problemática extendida en toda Latinoamérica y el Caribe. Al respecto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha venido alertando que entre el 60% y el 80% de los empleos que se recuperaron en la región luego de la pandemia del Covid-19 son informales. Además, estos trabajadores tienen entre dos y cinco veces más probabilidades de quedar en situación de pobreza.
En Argentina esta situación es muy evidente y sus consecuencias van desde la falta de derechos para el trabajador informal y su precaria situación económica, hasta el impacto en la recaudación fiscal y en los sistemas previsionales de salud.
¿Qué es el trabajo en negro en Argentina?
Se dice que se trabaja en negro cuando el empleador no registra la relación laboral ante organismos oficiales como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El trabajo en negro también contempla las relaciones laborales registradas indebidamente, por ejemplo, cuando el empleador no ofrece obra social o cuando en el recibo de sueldo figura que el trabajador trabaja menos horas de lo que realmente labura.
Para los trabajadores autónomos o freelancers, trabajar en negro se relaciona con no darse de alta en el censo de actividades económicas, no emitir facturas por su trabajo y tampoco pagar el IVA.
La gran mayoría de empresas que tienen trabajadores en negro son pequeños medianos y pequeños emprendimientos y particulares que deciden no dar de alta a sus trabajadores en la seguridad social para ahorrar costos. En algunos casos el trabajo en negro en un acuerdo entre el empleador y el trabajador. En cualquier caso, tener trabajadores en negro es una práctica ilegal con consecuencias administrativas e incluso penales.
El empleo no registrado no sólo impacta al trabajador, sino que las consecuencias se extienden al resto de la economía. Para un trabajador laburar en negro significa perder derechos fundamentales como jubilación, cobertura médica, etc, mientras que para el Estado significa una caída en la recaudación en impuestos y en aportes previsionales. El empleo en negro implica además una competencia desleal puesto que las empresas que cumplen con toda la legislación enfrentan costos mucho más altos.
Derechos laborales de los trabajadores en Argentina
Un trabajador registrado tendrá acceso a los siguientes derechos laborales:
- Obra social para el trabajador y su grupo familiar
- Aguinaldo
- Asignaciones familiares
- Vacaciones pagas
- Aportes jubilatorios
- Ajustes salariales por convenios colectivos
- Cobertura A.R.T (aseguradora de riesgos de trabajo).
- Pensión para la familia en caso de fallecimiento del trabajador
- Licencias por enfermedad pagas
- Seguro de desempleo en caso de despido
- Seguro de vida obligatorio
Sectores más afectados con el empleo en negro
No todos los sectores de la economía argentina son igualmente afectados por el empleo en negro. Los que tienen una baja regulación y alta rotación laboral generalmente son los que reciben el mayor impacto.
El empleo doméstico está a la cabeza de los sectores con mayor cantidad de trabajadores en negro. Según un reciente informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA con cifras del tercer trimestre de 2024, el 76,3% de los empleos en este sector no están registrados.
En segundo lugar, en empleo precario se encuentra el sector construcción con un 67,3% del empleo en negro. Le siguen la industria agrícola, ganadería, caza y silvicultura con más de la mitad del empleo en negro y el sector comercial con 47%.
Cuando las cifras se ven en términos absolutos, el mayor número de empleo en negro se ubica en el sector comercial que abarca el 23% todo el empleo en negro, seguido del empleo doméstico con un 19%, construcción con un 13% e industria con 9%.
Radiografía del empleo informal en Argentina
Las estadísticas laborales son elaboradas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Este organismo elabora un informe trimestral denominado “Mercado de Trabajo. Tasas e Indicadores Socioeconómicos”, cuyos datos surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza trimestralmente este organismo.
El último informe fue publicado en diciembre de 2024 con cifras correspondientes al tercer trimestre del año. Según este informe la tasa de informalidad en el empleo argentino se ubica en 36,7%, lo que significa que casi 4 de cada 10 trabajadores en relación de dependencia no están registrado en la seguridad social, por lo que no cuentan con las prestaciones laborales que garantiza la legislación argentina.
La informalidad es mayor en jóvenes, mujeres y no profesionales
Los jóvenes en Argentina son los más afectados por el empleo en negro. Un 64% está en negro lo que equivale a que 6 de cada 10 trabajadores jóvenes en relación de dependencia no están cubiertos por la seguridad social ni tienen seguro médico. La tasa de informalidad más baja se encuentra en los trabajadores con edades comprendidas entre los 45 y 64 años (27,5%).
En el grupo etario comprendido entre los 25 y 44 años la tasa de informalidad alcanza el 34,4% y en los mayores de 64 años la informalidad aumenta hasta 47,9%. Como se puede ver la informalidad tiene mayor impacto al comienzo de la vida laboral y al final de ella.
En cuanto al género, la tasa de informalidad en la mujer es moderadamente superior a la del hombre, ubicándose en 38,9% vs 34,2% la informalidad masculina, es decir, 5 puntos más. Sin embargo, es importante resaltar que la población masculina es mayoritaria en el empleo total asalariado (54%).
La tasa de informalidad es más alta en la medida en que el trabajador tiene un menor nivel de educación formal. Los trabajadores que no lograron completar la educación media exhibieron una tasa de informalidad del 56,4%, mientras que los completaron esta etapa educativa y los que tienen estudios universitarios incompletos la informalidad es de 35,8%. En los trabajadores profesionales con estudios superiores o de postgrado la informalidad es de solo 15%.
La informalidad afecta más a trabajadores las regiones más pobres y a empleados de empresas pequeñas
A nivel regional la zona que abarca el Gran Buenos Aires y la región patagónica son los que reportan un nivel de empleo en negro por debajo del promedio. En el Gran Buenos Aires la informalidad entre los asalariados alcanza un 35% y la Patagonia un 20,1%, la menor de todo el país.
Los mayores niveles de informalidad se encuentran en las regiones más pobres. Las regiones Noroeste, Cuyo y Nordeste exhiben tasas de informalidad por encima del 40%.
El tamaño de la empresa está también muy relacionado con los niveles de informalidad de los trabajadores. En empresas pequeñas de hasta 5 trabajadores la informalidad laboral asciende hasta 75%, mientras que en empresas de más de 40 trabajadores es de solo 11%. En algunos casos se observa que tanto la empresa como los trabajadores son informales, es decir no están registrados.
Políticas públicas para enfrentar el empleo en negro
La informalidad laboral en Argentina no solo afecta a millones de trabajadores que ver mermada su calidad de vida. Más allá de esto es un factor que acentúa las desigualdades a nivel de género, edad, educación, etc. Todo esto con el impacto que tiene también en los indicadores de pobreza.
A medida que todo lo anterior persiste el desarrollo económico y social de Argentina continuará siendo un verdadero desafío. Pero hay mucho por hacer al respecto.
Especialistas en la materia han hecho sugerencias de políticas públicas para enfrentar la informalidad. Algunas acciones incluyen la reducción de trámites para registrar empresas y nuevos negocios, facilitar el registro de nuevos empleados, disminuir cargas tributarias que reduzcan a las empresas los costos de transición hacia la formalidad, incentivos para la formalización, etc.